El salario mínimo
Guillermo Cabieses
Máster en Derecho (LL.M.) por la University of Chicago Law School, abogado por la Universidad de Lima y profesor de los cursos de Economía y Derecho en la Universidad de Lima y de Derecho y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Artículo publicado originalmente de su blog personal
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Nunca nos cansaremos de pretender cambiar la realidad. Es difícil para los seres humanos aceptar que las cosas son de cierta manera y entender que, muchas veces, no tienen el poder de mejorarlas, pero sí de empeorarlas. El sueldo mínimo es un ejemplo emblemático. Bajo la consigna de proteger a los trabajadores menos capacitados, se termina perjudicándolos. La lucha idealista por un mundo en el que la gente tenga un trabajo “digno” y formal termina forzándolas a trabajar en la informalidad.
La economía detrás del sueldo mínimo es sencilla: el sueldo es un precio. Es el valor que el empresario le asigna a los servicios de una persona. Ese valor está basado en la productividad y no en lo que los demás consideremos sea justo o digno. Este precio, como cualquier otro, se rige por la oferta y la demanda. Así como fijar el precio máximo de un bien cualquiera genera una distorsión en el mercado al hacerlo escaso, el sueldo mínimo genera exceso de mano de obra. Hay más gente ofreciendo su trabajo que gente demandándolo a ese precio.
Imaginemos que una persona recién ingresa al mercado laboral. No tiene aún la experiencia que el mercado valora. Está dispuesta a trabajar por S/.500 al mes. Del otro lado, un empresario valora ese tipo de trabajo en exactamente eso, por lo que está dispuesto a pagarle ese monto. Ambos están mejor. El empresario cuenta con una persona que le prestará sus servicios, la persona obtiene un trabajo que, además del sueldo, le permitirá aprender un oficio y poder poco a poco desarrollar sus capacidades. La sociedad está mejor porque se está realizando una actividad productiva.
No obstante, la legislación impide que ese acuerdo sea legal. Considera que nadie debe ganar menos de S/.750. Esa regla, en nuestro ejemplo, hace que el empresario deba optar entre no contratar a la persona o hacer un arreglo por debajo de la mesa.
En cualquiera de los dos casos, todos estamos peor. En el primero, la persona no obtiene trabajo, permanece desempleada. El empresario no obtiene la ayuda que requiere y por la que estaba dispuesto a pagar. La sociedad se ve privada de una actividad productiva. En el segundo, se promueve la informalidad y estamos nuevamente ante un situación en que las empresas y los trabajadores, por los altos costos que impone la legalidad, operan al margen de la ley, sin pagar impuestos y haciendo que los derechos laborales tengan menos valor que un cenicero en una motocicleta.
Estas medidas afectan a quienes menos opciones tienen en el mercado laboral, a los más jóvenes, a los menos capacitados. Estas personas requieren ingresar a la fuerza laboral cuanto antes para poder adquirir capacidades que les permitan obtener mejores trabajos y salarios en el tiempo. El sueldo mínimo es una barrera para ellos.
Sin embargo, el sueldo mínimo no solo es una mala idea desde el punto de vista económico. Es, también, una medida moralmente cuestionable. ¿O es aceptable que un tercero impida que dos adultos libre y voluntariamente se pongan de acuerdo en los términos que elijan, si es que no afectan a los demás?
Es fácil estar a favor de sueldos más altos para la gente que menos tiene, pero ese deseo no se convierte en realidad mediante una ley. Más difícil es defender a los que no tienen voz… ni trabajo.
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