Libre Mercado y política social. La búsqueda de los culpables a propósito del estallido social en Chile

Libre Mercado y política social. La búsqueda de los culpables a propósito del estallido social en Chile

Existe la idea de que el libre mercado y los programas de cobertura o protección social, son contrarios e irreconciliables y, que dado éste contraste insuperable Chile no ha podido avanzar en materia social. Esto, como se expondrá en el texto, es falso y no es más que el producto de una retórica que pretende buscar culpables contra los cuales luchar y evitar las responsabilidades políticas por los errores cometidos.

Felipe Ignacio M. Morales Rodríguez Chileno. Escritor en EsLibertad, Estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho)

No debe confundirse la defensa del libre mercado con el abandono de la política social, la deshumanización y el egoísmo. En general los dos objetivos se han puesto como contrarios e irreconciliables. No obstante, como destacan Baily y Farrell (2006) “La exitosa combinación de reformas económicas con una sólida red de protección social lograda por varias economías europeas más pequeñas demuestra que esos dos objetivos no son mutuamente excluyentes” (p. 27). 

Sucede con bastante frecuencia que quienes defienden uno u otro objetivo se posicionan en extremos demasiado alejados el uno del otro y por tanto de la posibilidad de diálogo, disociando los objetivos, afectando así la búsqueda de medios para solucionar las problemáticas. Ello no sorprende, más aún cuando se comprende que las doctrinas e ideologías, por lo general, atribuyen a priori categorías a los grupos como las empresas o las personas, de tal manera que, desde una visión igualitarista extrema la privatización supone la entrada en juego de un grupo que es considerado como abusivo y egoísta, o bien, que ésta es considerada intrínsecamente inmoral; mientras que para otro sector, los agentes económicos son extremadamente eficientes y por tanto su capacidad para coordinar los esfuerzos individuales en pos del bien común es extraordinaria. Ambas visiones se quedan cortas y la realidad nos exige un estudio previo de los agentes. Ambos sectores tienen razón en alguna que otra cosa: el igualitarismo puede tener razón quizá en que existe en algunos casos un completo abandono; mientras que los críticos de la planificación central, por antonomasia los liberales, tienen razón en que el intento de planificar y controlar generará más problemas que los que pretende resolver y que proveer de servicios sin tener en cuenta la importancia del crecimiento económico puede entorpecer los objetivos perseguidos; que el camino de la justicia social puede transformarse de la noche a la mañana en el camino de la miseria. El error principal, como explica P. T. Bauer (1969, p. 86) se encuentra en el abandono o desinterés en las tareas gubernamentales que son indispensables en varios países subdesarrollados, como la gestión de asuntos externos para el interés del país, el mantenimiento de la ley y el orden, la correcta gestión de la política fiscal y monetaria y, por supuesto, la provisión de los servicios de salud, educación y de comunicaciones básicas.

En el caso chileno puede constatarse por intermedio de las constantes denuncias de la población una situación similar. Es en este sentido que puede existir una correcta identificación del fenómeno, pero con errores intrínsecos, tanto doctrinarios como ideológicos que no son sostenibles ni a la luz de la evidencia ni de los objetivos planteados. Los errores doctrinarios e ideológicos tienen que ver con los juicios morales en relación al lucro o al mercado. Si yo juzgo que algunos bienes y servicios no deben estar en el mercado entonces no hay mucho que hacer, pese a que la evidencia apunta a que el alcance y la mejora para la población es mayor que si éstos bienes y servicios estuvieran en manos del Estado; es por esto último también, que decimos que no son sostenibles porque la evidencia disponible muestra resultados óptimos en cuanto al bienestar (Véase Dosque y Valente, 2018; Sapelli, 2014, 2016) y, finalmente entorpecen los objetivos porque si asumimos que el problema radica en el “abuso y el descuido” por parte de la clase política y su consecuente rechazo por parte de la población, de la mezcla entre el poder político y económico en perjuicio de la sociedad, entonces, la solución debiera orientarse hacia una limitación del poder político, procurando minimizar las posibilidades de corrupción y no en la estatización de los servicios, que en la práctica supone aumentar el poder de los mismos. 

La identificación de fenómeno es interesante de discutir, porque en ella subsiste un error que no se puede dejar pasar y consiste en la atribución de tales descuidos y abusos a un “sistema” denominado “neoliberal” como si el “neoliberalismo” (Véase T. C. Boas Y Gans-Morse, 2009) fuese alguna especie de organismo vivo que toma las decisiones en cuanto a la política (social, económica, etc.). Lo cierto es que el sistema al que se alude (erróneamente) supone reglas de funcionamiento, por lo cual, imposibilita por ejemplo, la intervención del Estado en la economía, en el sentido de que éste no debiera entorpecer la actividad privada, fundada en la idea que referimos más arriba, a saber, que el mercado es donde mejor convergen los esfuerzos individuales para lograr el bien común (Hayek, 2017, p. 84). Esta idea se encuentra asentada en la Constitución chilena en el principio de Estado subsidiario del artículo primero. Pero los problemas identificables no nos permiten remitir específicamente a un descuido por parte del sistema o ―mejor dicho―, a que sus arquitectos ignoraron esta cuestión. Sí, en cambio, a un descuido por parte del quehacer político que ha ignorado las virtudes del sistema y lo ha degradado. 

Así tenemos que algunos de los problemas (tanto los plausibles como los injustificados) no se encuentran en la Constitución ni en el “sistema económico” en el sentido de que su regulación se encuentra en leyes ordinarias y no en la ley máxima que es la carta fundamental, cuyo texto está siendo cuestionado justamente por tales “abusos y descuidos”. Esto es importante comprenderlo para frenar el populismo que se está evidenciando en Chile: el relato populista que se ha generado, identifica a un enemigo claro: el neoliberalismo. Esto no es sino una forma de desprendernos de la responsabilidad de los políticos y de los integrantes de los órganos del Estado, de culpar a otro por los errores cometidos, pero sobre todo un oportunismo político que consiste en auto atribuirse la representación del “pueblo” para la lucha en contra del enemigo creado.

La mitología que yace entorno al enemigo creado puede ser desenmascarada analizando las amalgama de problemas que existen. El “neoliberalismo”, según dicen, es un modelo económico importado a Chile por los chicago boys; sin embargo, si uno revisa Free to Choose de Friedman se dará cuenta que los colegios, escuelas y hospitales públicos no pertenecen a la familia de la política social del autor; de hecho, Friedman se presenta especialmente en contra de que el Estado provea de educación estatal por los problemas que se producen: el deterioro de la calidad de la misma, la corrupción, esto debido a que el poder lo dejan de ejercer los consumidores y lo comienzan a detentar los “profesionales” de la educación. Sí, en cambio, se muestra a favor de que el Estado provea de educación mediante un sistema de vouchers para, de esta manera, evitar el poder central y devolver el poder a los consumidores, estimular la competencia y así asegurar la calidad de los servicios (Sapelli, 2015). Si bien es cierto en Chile existía un sistema de vouchers en educación, los problemas que habían en ella no eran producto de éste, sino que se encontraban mayormente en los establecimientos estatales. De hecho, los vouchers aseguraban a las familias de clase media y más vulnerables optar a una educación de calidad (Sapelli y Aedo, 2001; Paredes y Fresard, 2018). Lo preocupante era el abandono de los establecimientos educacionales estatales y la falta de recursos.  

Cuando la Constitución establece el derecho a la educación no limita su elección, pero a fin de cumplir con la obligatoriedad de la misma, establece de servicios gratuitos, aunque no determina explícitamente el mecanismo de provisión y financiamiento (subsidio a la oferta o a la demanda), ni en la práctica supone, como vimos, una política de orden neoliberal. Debemos señalar que el hecho de que la educación privada sea de calidad no es causa de que la estatal no lo sea; de lo primero no se deduce lo segundo. De hecho, podríamos eliminar todos los establecimientos de educación o salud privados y, sin embargo, no observar una mejoría en los servicios estatales (como sucedió con la última reforma educacional: véase “daño impune”, de Max Colodro en LT); los privados, no entorpecen los fines ni las pretensiones de los servicios públicos, porque la consecución de tales fines les corresponde a ambos (Véase Cea Egaña, 2017, Tomo I, p. 215-217, 220-224, 232-235). 

En conclusión, es falso aseverar que la causa de los problemas sociales se deben al sistema y su desmantelación podría afectar no sólo a los problemas que ya existen, sino también poner en peligro los logros alcanzados, como señala Raphael Bergoeing (2014) “Para superar estos desafíos no hay que reemplazar el modelo; por el contrario, debemos fortalecerlo, arreglando sus fallas. De hecho, es gracias al avance que este modelo ha generado el que hayamos podido plantearnos metas económicas más desafiantes recientemente. Por ejemplo, sin el ingreso alcanzado durante las últimas tres décadas, probablemente hoy no estaríamos debatiendo sobre desigualdad” (p. 16). 

REFERENCIAS

Aedo, C y Sapelli, C. (2001). El sistema de vouchers en educación. Una revisión de la teoría y 

evidencia empírica para Chile. Estudios Públicos, 82, 36-82

Baily, M. N y Farrell, D. (2006). Derribar las barreras al crecimiento. Finanzas y Desarrollo, 43(1), 23-27 

Bauer, P. T. (1969). Dissent on Development. Scottish Journal of Political Economy, 16(3), 

75-94. doi:10.1111/j.1467-9485.1969.tb00038.x 

Boas, T. C. y Gans-Morse. (2009). Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal 

Slogan. Springer-Verlag, 44(2), pp. 137-161

Bergoeing, R. (2014). Reflexiones sobre el Modelo. Crecimiento, desigualdad y prosperidad en la 

economía global. Estudios Públicos, Puntos de Referencia, 372, 2-18 

Cea Egaña, J. L. (2017). Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Tercera edición actualizada y 

ampliada. Santiago de Chile: Ediciones UC  

Colodro, M. (11 de agosto de 2019). Daño Impune. La Tercera. Recuperado de 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/dano-impune/777949/

Dosque, P y Valente, J. T. (2018). Del centenario a los chilenials. 100 años de transformaciones y 25 

tendencias que cambiaron Chile. Santiago de Chile: Centro Latinoamericano de Políticas

Económicas y Sociales de la Universidad Católica [Clapes UC] – Ediciones UC.

Hayek, F. A. (2017). Camino de Servidumbre. (José Vergara, trad.). Madrid, España: Alianza 

Editorial. (Quinta reimpresión de la tercera edición; 2011)

Sapelli, C. (2014). Desigualdad, movilidad, pobreza: necesidad de una política social diferente. 

Estudios Públicos, 134, 59-84

———. (2015). Friedman: Educación, Política Social y Libertad. En R. Lüders Sch y F. Rosende

(Eds.) Milton Friedman: La vigencia de sus contribuciones. Metodología, Teoría y Política 

Económica (pp. 229-245). Santiago de Chile: Ediciones UC 

———. (2016). Chile: ¿Más equitativo? Una mirada a la dinámica social del Chile de ayer, hoy y 

mañana. Santiago de Chile: Ediciones UC 

Paredes, R y Fresard, M. (2018). Vouchers y cierre de escuelas en Chile. Estudios Públicos, 151, 7-27

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