El estatismo es un crimen
David Chávez Salazar
Miembro del Equipo de Bloggers de Estudiantes por la Libertad Latinoamérica
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Técnicamente, un crimen se define como una violación, por parte de un individuo o un grupo de ellos, de lo que el Estado considera legal. A su vez, lo legal es todo aquello que arbitrariamente definen los representantes del poder político. A este enfoque del Derecho se le conoce como positivismo.
En contraste, la teoría legal libertaria está basada en el Derecho Natural. Allí lo que se tiene en cuenta a la hora de definir lo que es una acción criminal y lo que no, no es lo que diga el Estado, sino lo que está escrito en la propia naturaleza humana. Según Rothbard un criminal es aquel que inicia el uso de la fuerza contra la persona o legítima propiedad de un tercero (o amenaza con hacerlo), a esto se le conoce como el Principio de No Agresión.
Por lo tanto, un acto se convierte en crimen si constituye una violación del Principio de No Agresión, enunciado anteriormente, y si dicha violación es intencional en un sentido razonable. Es decir, que debe estar presente la mens rea (mente culpable). Si este elemento de intencionalidad está ausente, no puede hablarse de crímenes, sino de simples accidentes.
Los gobiernos son estructuras criminales (y de las peores) porque sus acciones constituyen una violación intencional del Principio de No Agresión: atentan contra la legítima propiedad del individuo, bien sea cobrando impuestos (que no son más que un vulgar robo) o imponiendo regulaciones sobre la misma; contra su vida (servicio militar obligatorio, ejecuciones extrajudiciales, políticas de exterminio); y se arrogan el monopolio de la violencia sobre un área geográfica determinada para justificar todo lo anterior. Por ende, quien participe de los fines del gobierno podría ser considerado como un criminal.
El podría es importante, pues si se hubiese afirmado lisa y llanamente que todo aquel que participe de los fines del gobierno es un criminal, entonces todos lo seríamos. Con la excepción de los ermitaños o de las tribus salvajes que viven aisladas de la civilización, todos participamos de los fines del gobierno: transitamos por sus carreteras, usamos el dinero que emite, entre otras acciones.
Entonces, ¿quién sería culpable del crimen de estatismo? Probablemente, los funcionarios públicos, que son los directos responsables de mover los engranajes del Estado. Un momento, es decir que ¿serían los criminales los carteros de la oficina pública de correos? O ¿los profesores de las universidades públicas? ¿incluso aquellos que usan el aula para difundir las ideas del libre mercado?
En el caso del cartero, del profesor de universidad de pública y de todos los demás funcionarios de ese estilo que podamos imaginar, no está presente el elemento de la mente culpable; ellos no pretenden infligir ninguna agresión contra nadie. Por lo tanto, son inocentes del crimen de estatismo.
Para determinar quién es el culpable, es necesario recurrir a la teoría libertaria de las clases sociales, la cual distingue entre aquellos que participan directamente en agresiones contra gente inocente, y aquellos que no.
Según esta teoría, al primer grupo pertenece la clase dirigente, es decir, los miembros de las altas jerarquías del gobierno: el presidente, el primer ministro, los consejeros, los directores de las agencias gubernamentales, el jefe de la legislatura y los magistrados. Al segundo grupo, pertenecen sus víctimas: el cartero de la oficina pública de correos, el profesor universitario, el autónomo, el gran empresario, y en general, cualquier ciudadano inocente.
Los integrantes de la clase dirigente son los únicos responsables del crimen de estatismo, son ellos los que planean y ejecutan, de manera intencionada, las agresiones contra el individuo. No importa si las disfrazan de buenas intenciones, o si apelan al “bien común”, El líder político que ordena una reforma tributaria, para arrebatarle a personas inocentes el fruto de su trabajo, es un criminal. También lo es aquel que ordena un aumento en el salario mínimo, con las nefastas consecuencias que eso trae para los trabajadores, especialmente para los menos calificados.
La teoría legal libertaria reconoce la existencia de los denominados “crímenes incipientes”, que son aquellos actos que pueden caracterizarse como crímenes, pero que son parciales o incompletos en algún aspecto. En realidad, son los pasos para la comisión de un crimen.
En el caso del estatismo, son necesarios, por lo menos, dos crímenes incipientes: la conspiración y el intento.
El primero consiste en que dos o más personas unan voluntades para la comisión de un acto criminal. El gobierno, al ser una estructura colegiada, el escenario perfecto para las conspiraciones. Un aumento en el gasto militar, la regulación del sistema de salud, o la prohibición de las drogas, son siempre el resultado de una acción conjunta.
En cuanto al segundo, los miembros de la clase dirigente a menudo fallan en la ejecución de sus acciones. Sin embargo, cada intento deja profundas heridas en la sociedad y conduce a males mayores. Supongamos que el gobierno intenta que determinado bien sea accesible para toda la población, entonces, establece un “precio máximo”, inferior al que tendría lugar en el libre mercado. Lo que sucederá después es que habrá un exceso de demanda, que superará a la oferta. El resultado será la escasez.
El estatismo está íntimamente relacionado con el crimen de la amenaza. Según la teoría legal libertaria, la violación al Principio de No Agresión no solo incluye agresiones físicas, sino también amenazar con hacerlo, pues allí se está vulnerando la tranquilidad de la víctima.
El gobierno, al ser una estructura criminal, impone sus objetivos por la fuerza. Si una víctima potencial da indicios de resistencia, se recurrirá a la amenaza para doblegar su voluntad: la cárcel ante la negativa de pagar impuestos, o las multas ante la negativa de cumplir determinadas regulaciones.
Una vez caracterizado el crimen del estatismo, con todos los crímenes que le son afines, es momento de preguntarnos ¿qué sanción habría de recibir en un orden libertario ideal? De hecho, serían dos: la compensación económica a las víctimas (de manera individual) por las agresiones cometidas contra la vida (la suya o la de sus parientes) y la propiedad, y la prisión como castigo ejemplarizado para los culpables.
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